La reforma migratoria demócrata
Once meses después de asumir el control de ambas cámaras del Congreso, los demócratas presentaron a la Cámara de Representantes un proyecto de reforma migratoria que incluye una vía de legalización regulada para millones de indocumentados que viven en Estados Unidos
Denominado ‘Reforma Migratoria Integral de 2009 para la Seguridad y Prosperidad de Estados Unidos - CIR ASAP -’, el plan de divide en seis capítulos que van desde un incremento en la seguridad fronteriza, mejoras al sistema de verificación de empleo y una vía de legalización de extranjeros son papeles que incluye multas, residencia temporal, la tarjeta verde y la ciudadanía estadounidense.
La propuesta, entregada por un grupo de legisladores demócratas liderado por el congresista Luis Gutiérrez (Illinois), favorece también a los cónyuges de indocumentados que califiquen para el programa de legalización y sus hijos menores de 21 años de edad solteros.
Los indocumentados entrarán primero en un proceso donde obtendrán una residencia temporal y después de seis años podrán acceder a la residencia permanente (tarjeta verde o green card). Pero deben carecer de antecedentes criminales.
La tarjeta de residencia temporal concederá un permiso de trabajo válido por el tiempo de estadía, autorización pasa salir y volver a entrar a Estados Unidos y detendrá las ordenes de deportación.
La Ley del Sueño
También anexa el proyecto de ley Dream Act, que favorece a miles de estudiantes sobresalientes indocumentados que ingresaron antes de los 16 años a Estados Unidos. Estos alumnos recibirán una visa de residencia provisoria y, una vez graduados de la universidad, recibirán la residencia permanente y, cinco años después, podrán optar por la ciudadanía.
El proyecto CIR ASAP recomienda el establecimiento de una comisión independiente que regule los futuros flujos de trabajadores, principalmente aquellos que laboran bajo los programas de visa tipo H2.
La propuesta también pide derogar la Sección 287(g) de la ley de Inmigración vigente, que permite al gobierno federal hacer acuerdos con las policías locales (estatales y municipales) y les otorga poderes especiales para arrestar a inmigrantes indocumentados y entregarlos a las autoridades del servicio de inmigración para deportarlos de Estados Unidos.
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